Archivos de Abril, 2009
Acuerdos
El equipo de gobierno de Sahagún, la alianza conservadora PP-UPL, cree que está siempre en posesión de la verdad, y que la oposición socialista nunca tiene razón. Pero vamos a demostrar que no es así.
La prueba palpable es el caso de la selección de personal. Los miembros del equipo de gobierno se empeñaron en formar parte de los tribunales, a pesar de que la ley es muy clara al respecto y dice que ni alcalde ni concejales pueden integrarlos, y en contra del informe jurídico del secretario, que aplicó la ley referida (y no es la primera vez que lo hacía).
En concreto, se trata de la Ley 7/2007 de 12 de abril, que entró en vigor el 13 de mayo de 2007, que en su artículo 60, sobre los órganos de selección, recoge en su punto 2 que “el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección”. Queda bastante claro y no hace falta ser muy inteligente para entenderlo. Incluso recurrimos el acuerdo de la Junta de Gobierno, y no era la primera vez. Pues nada, no hubo manera. Ha tenido que ser la Junta de Castilla y León la que nos ha dado la razón y ha ordenado que se anule la convocatoria de plazas, entre otras razones, por ser ilegal la composición de los tribunales.
Se trata de la Orden de 17 de marzo de 2009 de la Consejería de Interior y Justicia, que viene a anular el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sahagún de 17 de febrero de 2009, por el que se aprobaba la convocatoria y bases para la provisión temporal de personal laboral. La citada orden supone un varapalo a la forma de proceder habitual del equipo de gobierno. En concreto, viene a criticar la mencionada composición del tribunal, en el que figuraban -en contra de lo preceptuado en la ley- el propio alcalde y el Concejal Delegado de Personal, Régimen Interior y Servicios Administrativos. En el texto, la Junta afirma que se debe “garantizar el principio de imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección”. Por otra parte, en el mismo Decreto, la administración autonómica manifiesta que “tanto el sistema de publicidad, como el plazo indicados en este supuesto, impiden que se cumplan los reiterados principios rectores del proceso selectivo…” y “el plazo fijado para la realización de la entrevista no permite, entre otros, el ejercicio del deber de abstención o el derecho de recusación contra los componentes de la Comisión de Selección, una vez designada”, y a continuación afirma que “en el mismo acuerdo se indica la imposibilidad de realizar la tramitación administrativa preceptiva por ley”. Es decir, recoge varias irregularidades, habituales en el equipo de gobierno PP-UPL, que vuelve a dar muestras, una vez más, de desprecio a la ley, que conocían de boca del Secretario y de nuestro grupo político. Tomaron, pues, la decisión a sabiendas de que era ilegal. Tanto poner normas a los vecinos, y se burlan de las que ellos tienen que cumplir.
Ante nuestra recusación, se defendieron argumentando que los tribunales se formaban de igual forma con el equipo de gobierno anterior. Se olvidan de aclarar, sin embargo, que la última selección de personal que hicimos los socialistas la llevamos a cabo con las bases que aprobó la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 2 de mayo de 2007, once días antes de que tuviera vigencia la ley actual. ¿Cómo íbamos, pues, a aplicar una ley que no estaba en vigor?
¿Por qué no hicieron caso al Secretario? ¿Por qué tenían tanto interés en formar parte de los mismos? ¿Por cobrar las dietas correspondientes? ¿O porque querían meter a alguien? Porque no hay más que ver a los que seleccionaron, parientes y amigos del equipo de gobierno. Ahora, en cumplimiento del reseñado Decreto han tenido que anular el acuerdo. Así, en la Junta de Gobierno de 21 de abril tomaron un nuevo acuerdo que anulaba el anterior. ¿Qué van a hacer ahora con los trabajadores, que son los que van a pagar su actuación ilegal? ¿Los mandarán al paro y los volverán a coger sin Comisión de Selección? Porque son capaces de eso y de más. ¿Y con los trabajadores que, a lo largo del actual mandato, han sido seleccionados por tribunales que aprobó por decreto el alcalde con repetidas advertencias de ilegalidad? ¿Serán todos despedidos para dar cumplimiento a la ley?
