Sentencias desfavorables
Es preocupante el número de casos judiciales en los que está inmerso nuestro Ayuntamiento y alarmante el dinero que nos están costando, dado que al parecer los perdemos todos. Se ha recibido en las pasadas semanas en el Ayuntamiento de Sahagún sentencias desfavorables que le condenan por el caso de la rescisión del contrato con el concesionario del cámping y por el despido improcedente de una profesora de la Escuela de Música.
La primera de ellas es la condena al Ayuntamiento de Sahagún a indemnizar al concesionario del servicio del cámping por haberle rescindido el contrato de manera irregular. A lo que hay que sumar las costas procesales. Todo lo cual asciende a una suma superior a los 400.000 euros, no a los 176.000 que ha declarado el alcalde en los medios de comunicación. En concreto, 45.071,54 por daños y perjuicios, 131.017,13 por lucro cesante hasta el 2007, 63.880,34 por beneficios de 2008 y 2009, 67.229,79 de intereses, más 92,159,64 de costas y gastos. Y aún hay que sumar las costas y gastos de abogado y procuradores propios. Total, nada. Pero además la sentencia fija la restitución del camping al concesionario, sin que se entiendan las declaraciones del alcalde de que no piensa hacerlo y la decisión de contratar a personal para su gestión esta temporada.
Resulta que ha sido un defecto de forma -el no haber solicitado el dictamen previo del Consejo Consultivo de Castilla y León- el culpable del resultado de la sentencia. Aunque, claro, la culpa no la tienen los papeles, las tienen las personas. Y aquí hay verdaderos responsables. No la secretaria, que dio lectura al Pleno -en la sesión del 29 de agosto de 2002- del artículo 26 del Decreto 390/1996 donde se recoge la resolución de contratos de las Administraciones Públicas, informando por tanto de la necesidad de recabar un “dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista”.
No vamos a entrar en el origen del problema ni en el desmedido interés de un concejal del PP -entonces en el poder municipal de Sahagún- en adjudicarle el servicio a una persona que venía precedido de muy mala fama como gestor del cámping “La Cota de la Matica” en La Vecilla. Ni vamos a quitar la razón al equipo de gobierno en su iniciativa de rescatar el servicio a la vista de los flagrantes incumplimientos de las cláusulas del contrato, amén de la estafa en el consumo de energía eléctrica. Lo que queremos es señalar a los principales, ambos del PP, responsables de este desaguisado que tan caro nos va a costar: el entonces alcalde y el instructor, Miguel Ángel Calvo, nombrado por Decreto de aquél.
El alcalde ya sabía que era necesario ese dictamen del Consejo Consultivo, y lo sabía el instructor. Sin embargo, hicieron caso omiso de la advertencia de la secretaria y presentaron al Pleno la resolución como si estuvieran dados todos los pasos legales … El resultado, más de 400.000 euros -de momento- que paga el Ayuntamiento de Sahagún, o sea, todos nosotros, por culpa de una mala gestión o de una negligencia. ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento ahora? ¿Presentar una querella como hizo por los 13.500 euros que costó la multa que la Junta de Castilla y León -gobernada por el PP- impuso al Ayuntamiento de Sahagún -gobernado por el PSOE- por las talanqueras? ¿O en el caso del cámping no importan los 400.000 euros porque los responsables son del PP?
El segundo caso es el juicio que el Ayuntamiento de Sahagún ha perdido ante la demanda de una profesora de la Escuela de Música. El juez ha dictado una sentencia que condena a nuestro Ayuntamiento a indemnizar con más de 10.000 euros a la citada profesora al no habérsele formalizado el contrato tras finalizar el periodo de baja por maternidad. La causa al parecer han sido las discrepancias de la Presidenta del Coro Facundino y concejala de Cultura, con esa profesora, directora además del Coro. Desconocemos el motivo de tales discrepancias; pero tampoco sabemos que haya habido quejas formales de alumnos o padres de la Escuela de Música.
Como el Coro es una asociación privada, entendemos que no debe influir en el contrato de la profesora de la que ha prescindido de manera irregular, según el juez. Según nos han informado integrantes del Coro, esto ha sido un capricho de la concejala de Cultura. Pero que -esto lo decimos nosotros- está amparado por el alcalde y que paga el pueblo de Sahagún. Y no es que ya no fuera necesaria, porque lo que se hizo fue contratar a otra en su lugar.
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